La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el último recurso legal promovido por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para ser reconocida como un órgano constitucional autónomo, con lo que ratificó que la institución es un organismo público descentralizado del Estado y, por tanto, debe ser auditado por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
Durante la sesión de este jueves, el Pleno del máximo tribunal resolvió que, si bien la Constitución local otorga a la Universidad autonomía para su autogobierno, esta condición no la equipara a los órganos constitucionales autónomos, como el INE o la CNDH, por lo que no puede promover controversias constitucionales.
“El Pleno estableció que no pasa inadvertido que la Constitución local dota a la Universidad de autonomía para autogobernarse; sin embargo, esto no la equipara a un órgano constitucional autónomo y, en esos términos, no se puede habilitar la procedencia de la controversia constitucional intentada”, dictó la Corte.
La resolución cierra una larga disputa jurídica en la que la UASLP presentó dos juicios de nulidad, dos amparos y dos controversias constitucionales, todos desechados o sobreseídos.
El Auditor Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, señaló que la decisión de la Corte “no fue una sorpresa”, pues la Universidad “ha intentado actuar como autoridad autónoma para manejar los recursos públicos sin fiscalización externa”.
“El fallo confirma que la Universidad no tiene autonomía plena, porque ni la Constitución ni las leyes se la otorgan. La Corte ha dado un golpe sobre la mesa al ubicarla correctamente como una dependencia del Estado”, expresó.
Lecourtois informó que el IFSE continúa con su proceso de fiscalización y que próximamente presentará el informe final sobre la cuenta pública de la UASLP, luego de que la institución se negó a entregar documentación comprobatoria. “Posteriormente vendrán las sanciones con nombres y apellidos”, advirtió.