Felipe Aurelio Torres Zúñiga presentó este día su renuncia formal ante el Congreso del Estado, dejando vacante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción que encabezaba desde 2021. Su salida llega en un momento de creciente cuestionamiento sobre la efectividad de las fiscalías especializadas en combatir la impunidad en el estado.
Durante su gestión, la dependencia enfrentó serias dificultades para judicializar casos: menos del 5% de las denuncias por corrupción lograron llegar ante un juez. A pesar de contar con autonomía técnica y recursos presupuestales, la Auditoría Superior del Estado y organismos civiles señalaron la ausencia de sentencias condenatorias de alto impacto contra exfuncionarios de primer nivel. San Luis Potosí, además, se ha mantenido por encima de la media nacional en percepción de impunidad según mediciones de México Evalúa.
Con la renuncia de Torres Zúñiga, el Poder Legislativo deberá recibir una nueva terna del Ejecutivo Estatal para designar a su sucesor, mientras que la Fiscalía General del Estado nombrará un encargado de despacho para mantener en curso las investigaciones abiertas, particularmente las relacionadas con desvíos en municipios y cuentas públicas estatales. La salida del fiscal reabre el debate sobre la capacidad real de las instituciones potosinas para sancionar actos de corrupción en la administración pública.
