El diputado Rubén Guajardo Barrera presentó en el Congreso del Estado una iniciativa de Ley de Justicia Cívica con la que busca que conflictos cotidianos, como choques vehiculares, discusiones vecinales y faltas administrativas, se resuelvan mediante conciliación ante jueces cívicos municipales en lugar de recurrir a denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado. En entrevista, explicó que actualmente estos casos suelen derivar en investigaciones formales que pueden prolongarse durante meses o años, generando desgaste para las personas involucradas y afectando la convivencia comunitaria. Con el modelo de justicia cívica, estos conflictos podrían atenderse por la vía administrativa mediante acuerdos reparatorios y sanciones, priorizando el diálogo antes que el castigo, un esquema que ya opera en otras entidades del país bajo leyes estatales que permiten resolver faltas menores sin judicializarlas.
La iniciativa contempla la creación de jueces cívicos, una figura inexistente actualmente en San Luis Potosí, que dependerían directamente de los ayuntamientos y no del Poder Judicial, lo que implica un esfuerzo adicional en términos de capacitación, infraestructura y presupuesto para los municipios. “No existe esta infraestructura en San Luis Potosí. Los que lo tienen que crear son los ayuntamientos. Claro que debe haber capacitación y formación, y los jueces cívicos dependerán directamente del ayuntamiento”, señaló Guajardo, quien añadió que el objetivo es aplicar multas administrativas o llegar a acuerdos conciliatorios que resuelvan los conflictos de manera rápida y eficiente, evitando así tensiones sociales innecesarias.
Aunque el diputado confía en que la iniciativa pueda ser aprobada en este periodo ordinario de sesiones, reconoció que su entrada en vigor podría tardar hasta 2027, ya que los ayuntamientos necesitarán tiempo para evaluar su capacidad operativa y ajustar sus recursos humanos y financieros. Además, adelantó que en comisiones legislativas se analizará si el proyecto debe someterse a consulta ciudadana antes de implementarse. Guajardo destacó que esta propuesta no solo busca simplificar la resolución de conflictos menores, sino también liberar recursos y atención del sistema penal para problemas más graves, mientras se promueve una cultura de diálogo y responsabilidad compartida en la sociedad. Aunque la iniciativa enfrenta retos como garantizar la capacitación adecuada de los jueces cívicos y asegurar que los municipios cuenten con la infraestructura necesaria, ha sido bien recibida por sectores que ven en ella una oportunidad para modernizar el sistema de justicia local y ofrecer soluciones más accesibles y menos burocráticas a los ciudadanos.
