Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí (SGG), desmintió la existencia de una fosa clandestina en el municipio de Rioverde, luego de la localización e identificación de los restos de un adolescente desaparecido en la zona de Dulce Grande. El funcionario estatal subrayó que, hasta el momento, no hay indicios de que exista una fosa con más restos en la región.
“Solamente es eso, lo demás hasta el momento son especulaciones. Pero más bien son trabajos que el Estado realiza de manera genérica. Nosotros no tenemos un problema como lo que sucede en otros lugares, como Jalisco. En San Luis Potosí, hay orden, hay respeto, hay combate y, sobre todo, hay mucha prevención”, afirmó Torres Sánchez.
El secretario destacó que San Luis Potosí es uno de los primeros tres estados del país en contar con un laboratorio de genética forense de última generación, lo que ha permitido agilizar la identificación de personas desaparecidas. Este avance tecnológico ha sido fundamental para fortalecer las labores de búsqueda y resolución de casos.
Torres Sánchez también reconoció el trabajo de los colectivos de búsqueda, como el grupo “Voz y Dignidad por los Nuestros”, conformado por madres y familiares de desaparecidos. Aseguró que existe una comunicación constante y directa con estas organizaciones, y que las autoridades seguirán colaborando en la identificación de restos y en la búsqueda de personas, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda.
El titular de la SGG resaltó que en San Luis Potosí se lleva a cabo un trabajo constante para combatir la inseguridad, lo que ha evitado que se presenten casos como los registrados en estados vecinos, donde se han localizado múltiples fosas clandestinas. Reiteró el compromiso del gobierno estatal con la prevención, el orden y el respeto a los derechos de las familias que buscan a sus seres queridos.
Con estas acciones, el Gobierno de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar de la mano con las organizaciones civiles y las instituciones correspondientes para garantizar la justicia y el bienestar de las familias afectadas por la desaparición de personas.
