La administración estatal actual enfrenta una pesada carga financiera derivada del crédito por mil 500 millones de pesos contratado durante el gobierno panista de Marcelo de los Santos, un empréstito que hipotecó las finanzas públicas por 20 años. Según datos del Cuarto Informe de Gobierno, este préstamo, cuya garantía recae en un porcentaje de las participaciones federales, ha generado pagos exorbitantes: en promedio, la entidad desembolsará poco más de 2 mil millones de pesos anuales solo en intereses, gastos y accesorios durante los seis años de la gestión actual.
Aunque el saldo total de la deuda bancaria se redujo a 3 mil 105.6 millones de pesos, los costos asociados al crédito siguen siendo abrumadores. En 2024, por ejemplo, se destinarán 128.8 millones de pesos al pago del capital, mientras que 327.9 millones serán para intereses y 8.5 millones para gastos administrativos. Este desglose refleja una tendencia preocupante: la estructura del crédito prioriza los intereses sobre la amortización, lo que ralentiza la disminución del monto principal.
El gobernador Ricardo Gallardo criticó duramente esta estrategia de endeudamiento, calificándola como insostenible e irresponsable. Denunció que los sexenios anteriores recurrían a créditos caros y de largo plazo que comprometieron las finanzas estatales hasta 2040. “Esta deuda diluye el pago al capital con intereses desproporcionados”, señaló el mandatario, subrayando que el actual gobierno heredó un sistema financiero insostenible.
Pese a las críticas, la Secretaría de Finanzas aseguró que los créditos vigentes con instituciones como BBVA y Banorte mantienen altos niveles de confianza entre las calificadoras financieras, quienes valoran positivamente la solidez y desempeño económico del estado. No obstante, Gallardo descartó recurrir a nuevos empréstitos como alternativa de financiamiento, priorizando en su lugar una inversión pública anual de al menos 6 mil millones de pesos para impulsar el desarrollo estatal.
El reporte oficial también destacó que, hasta el momento, no existe registro de deuda contingente, lo que sugiere un manejo más transparente de las finanzas públicas. Sin embargo, el peso de los compromisos heredados sigue siendo un lastre significativo que limita la capacidad de maniobra del gobierno actual para atender otras necesidades prioritarias.
