Ciudadanos y feligreses expresaron su indignación ante los daños ocasionados durante la movilización feminista del pasado 8 de marzo, particularmente el vandalismo registrado en templos del Centro Histórico, como el Templo de la Compañía. A través de un manifiesto público, voces organizadas de la sociedad civil reconocieron el derecho legítimo a manifestarse y exigir justicia frente a la violencia y la impunidad, pero subrayaron la necesidad de que estas protestas se lleven a cabo sin afectar el patrimonio histórico, cultural y religioso que pertenece a toda la nación.
El documento detalla cómo durante la marcha se registraron graves daños en varios inmuebles históricos. En el caso del Templo de la Compañía, su fachada fue grafiteada casi en su totalidad, sus pilastras de cantera fueron demolidas parcialmente con marros, y las puertas principales fueron vandalizadas. Además, las ventanas que dan hacia la calle Damián Carmona fueron rotas, y el hollín generado por quemas provocó afectaciones en obras artísticas e históricas que datan de los siglos XVII y anteriores. Otro ejemplo es la Capilla de Nuestra Señora de Loreto, cuyo portón fue incendiado durante los disturbios.
Los firmantes recordaron que, desde octubre de 2025, se realizaban trabajos de restauración en la fachada del Templo de la Compañía, autorizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y financiados con recursos donados por la comunidad. Previo a la marcha, incluso se tomaron medidas preventivas: se retiró el andamiaje instalado para los trabajos de restauración y se implementaron protecciones adicionales en puertas y elementos de cantera para evitar daños. Además, una misa programada para esa noche fue suspendida con el objetivo de no poner en riesgo a los asistentes ni generar confrontaciones. Sin embargo, estas acciones no fueron suficientes para evitar los actos vandálicos.
Ante estos hechos, la comunidad organizada exigió a las autoridades garantizar la seguridad y el Estado de derecho durante futuras movilizaciones, así como proteger los inmuebles históricos y religiosos del Centro Histórico. Recordaron que el daño a templos considerados patrimonio de la nación constituye un delito federal, por lo que pidieron que se investiguen y sancionen los actos vandálicos ocurridos durante la protesta.
En su manifiesto, los ciudadanos reiteraron su compromiso con la paz, el respeto mutuo y la defensa del patrimonio cultural de San Luis Potosí. “Entendemos y compartimos la urgencia de visibilizar la lucha contra la violencia hacia las mujeres, pero también debemos cuidar los espacios que nos identifican como sociedad y que son testimonio de nuestra historia”, señalaron.
Las voces críticas coinciden en que, aunque el derecho a la manifestación es fundamental, este no puede ejercerse a costa de destruir bienes que forman parte del legado colectivo y que trascienden generaciones.
La sociedad civil espera respuestas contundentes y soluciones efectivas para evitar que episodios como este se repitan en el futuro.
