Representantes de colectivos ciudadanos dedicados a la defensa de los derechos de los animales exigieron este miercoles un “castigo ejemplar” contra quienes cometen actos de crueldad, al considerar que la actual legislación no funciona y que la impunidad prevalece. “Nosotros no vamos por croquetas; buscamos justicia real”, afirmaron durante una rueda de prensa a las afueras del edificio legislativo, en la que dieron a conocer los avances de su iniciativa ciudadana presentada desde junio pasado llamada #LeyHope.
Actualmente, las penas por maltrato animal en San Luis Potosí son de hasta cinco años de prisión. La propuesta ciudadana busca duplicar esa sanción hasta los 16 años cuando concurran agravantes como la presencia de menores de edad, la grabación del acto, la zoofilia o la participación de servidores públicos.
“Mientras no haya castigos ejemplares, todos van a seguir haciendo lo mismo: ‘hago esto, al final no pasa nada, pago una cantidad y salgo libre’”, denunciaron. Por ello, insisten en que el sistema de justicia no está funcionando para los animales, pese a que desde el caso de “Miguelito” en 2019 se creó una mesa de trabajo sobre maltrato animal en la Fiscalía, la cual, aseguran, “aún no da resultados concretos”.
Hasta ahora, han recabado más de 6,000 firmas en formato físico y otras mil en menos de 24 horas tras lanzar una campaña en la plataforma Change.org. Su meta es alcanzar las 60,000 firmas para respaldar formalmente su iniciativa ante la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. “Acabamos de lanzar la campaña en Change.org y ya superamos las 7,000 firmas. Necesitamos más para que las y los diputados vean el respaldo ciudadano”, explicaron.
En lo que va del año, en San Luis Potosí se han judicializado aproximadamente siete casos de maltrato animal. Aunque no se concentran en una sola zona, los hechos se han registrado en distintos sectores sociales, lo que demuestra, según los activistas, que “el maltrato animal no tiene clase ni estrato: ocurre en todos los niveles”.
Destacaron que el caso de “Hope” —un perro rescatado tras sufrir graves actos de crueldad— es el primero en el que, gracias a la presión social, la Fiscalía actuó de inmediato: los presuntos responsables fueron detenidos desde el 22 de octubre y permanecen bajo custodia. “Buscamos que este caso llegue a una sentencia, sea cual sea, para sentar un precedente”, dijeron.
Además, recordaron que varios estados del país ya elevaron las penas por maltrato animal hasta los 10 años, por lo que consideran que San Luis Potosí debe alinearse a esta tendencia nacional. Subrayaron también la relación entre la violencia hacia los animales y otros delitos: “El FBI ya cataloga el maltrato animal como un indicador temprano de peligro social. Quien lastima a un animal puede escalar a la violencia contra personas, incluso en el entorno familiar”.
Por eso, insistieron, esta no es solo una causa de quienes defienden a los animales, sino un tema de seguridad pública y prevención. “Esto nos incumbe a todos”, afirmaron, y llamaron a la ciudadanía a sumarse a la campaña de firmas, ya sea de forma digital mediante un código QR o de manera presencial.
“Las firmas tienen dos propósitos: informar y demostrar que hay un apoyo real de la sociedad. Queremos que el Congreso vea, palpe y entienda que esto no es un capricho, sino una exigencia colectiva para que nuestros animales tengan, de verdad, acceso a la justicia”, concluyeron.