Tres individuos implicados en prácticas fraudulentas fueron desalojados este miércoles de las instalaciones de la Secretaría de Finanzas en Río Verde, luego de que autoridades los sorprendieran realizando cobros indebidos a ciudadanos que buscaban realizar trámites vehiculares. Estos sujetos se hacían pasar como «gestores» legítimos, aprovechándose del desconocimiento de la población para lucrar con servicios que, en su mayoría, son completamente gratuitos.
Durante varios meses, los falsos gestores operaron impunemente, exigiendo pagos por procedimientos como reemplacamiento, altas, bajas y cambios de propietario, los cuales no requieren intermediarios ni costos adicionales. Sin embargo, bajo el pretexto de agilizar los trámites, estos estafadores engañaban a los ciudadanos, dejando en muchos casos documentos inválidos o plagados de inconsistencias legales que podrían derivar en problemas para los usuarios.
Tras ser descubiertos por las autoridades, los implicados reaccionaron de manera desafiante, atrincherándose en las oficinas recaudadoras desde donde lanzaron amenazas y prometieron llamar a medios de comunicación para generar un escándalo público y victimizarse. Sin embargo, sus acciones fueron ampliamente repudiadas por la comunidad, ya que representan una muestra más de prácticas corruptas que afectan directamente a los sectores más vulnerables.
La conducta de estos individuos refleja un modus operandi que ha generado hartazgo social: explotar la falta de información de las personas para lucrarse ilegalmente, disfrazando sus acciones como un servicio legítimo.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que realice sus trámites directamente en las dependencias oficiales, sin recurrir a intermediarios. Además, destacaron que continuarán implementando medidas para erradicar estas actividades fraudulentas y garantizar un acceso justo y transparente a los servicios públicos.
La lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos de los ciudadanos sigue siendo una prioridad para las instituciones, y este episodio pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y educación para evitar que estas prácticas sigan ocurriendo.
