Una trabajadora afiliada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 26, interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en Matehuala contra Enrique López García, secretario de Organización III del sindicato, por presunto acoso sexual y hostigamiento laboral. Según su testimonio, el acusado habría abusado de su posición jerárquica para ejercer presión indebida sobre ella, condicionando un ascenso dentro de la estructura sindical.
La afectada relató que los actos de acoso iniciaron en febrero de 2022, cuando fue asignada como auxiliar en la Organización III. Durante más de un año, hasta julio de 2023, asegura haber sido objeto de comportamientos inapropiados que afectaron gravemente su bienestar emocional y mental. La situación escaló al punto de obligarla a solicitar una licencia médica debido al impacto psicológico generado. Aunque fue reubicada en una escuela en Matehuala, denunció que no recibió ningún tipo de acompañamiento ni apoyo por parte del sindicato.
Según su versión, al buscar ayuda dentro del SNTE, la respuesta fue desalentadora. En lugar de atender su queja, la organización habría optado por respaldar al acusado. La trabajadora señaló que Juan Carlos Bárcenas Ramírez, secretario general del sindicato y diputado local, intervino supuestamente para proteger a López García, priorizando intereses políticos sobre los derechos de la víctima.
Ante esta falta de acción por parte del sindicato, la afectada decidió recurrir a otras instancias, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE). Sin embargo, enfrentó múltiples obstáculos burocráticos que retrasaron su acceso a la justicia. A pesar de ello, logró reunir pruebas contundentes, incluyendo capturas de pantalla de conversaciones, testimonios de colegas y registros médicos que documentan las consecuencias psicológicas del hostigamiento.
Además, la víctima afirmó que el protocolo interno del SNTE para prevenir y atender casos de acoso sexual no fue aplicado en su caso. Por ello, buscó asistencia en el área de igualdad de género de la SEGE, solicitando una investigación imparcial sobre los hechos denunciados.
La trabajadora exige justicia, medidas efectivas para erradicar estas prácticas en el ámbito laboral y un compromiso real por parte de las autoridades para garantizar que las víctimas no sean revictimizadas al alzar la voz.
