La diputada Dulcelina Sánchez de Lira, propuso una iniciativa para reformar disposiciones del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para precisar las penas por provocar incendios forestales, las cuales, deben de incrementarse.
De esta manera, la legisladora propone que las penas previstas en el Código Penal del Estado, a quien provoque incendios forestales, se incrementen en una mitad cuando el área afectada sea igual o mayor a una hectárea o se afecten recursos forestales maderables en una cantidad igual o mayor a mil metros cúbicos rollo total árbol.
También en los casos de que quien cometa el delito sea funcionario o servidor público cuya obligación sea proteger el medio ambiente y que, teniendo conocimiento de este ilícito, omita realizar las funciones propias de su encargo para prevenir, solucionar y sancionar al o los responsables.
Y, finalmente cuando el incendio sea provocado con la finalidad de obtener un beneficio económico, cambio de uso de suelo o aprovechamiento inmobiliario sin contar con la autorización o permiso correspondiente de la autoridad competente.; y en los casos en que el incendio ponga en peligro la vida, la integridad física o el patrimonio de las personas, así como asentamientos humanos, centros educativos, hospitales, vías de comunicación o infraestructura pública.
Sánchez de Lira señala que esta reforma responde a una necesidad concreta para proteger el medio ambiente en el estado, ya que San Luis Potosí posee ecosistemas diversos que van desde zonas semidesérticas hasta regiones de selva y bosque en la Huasteca.
“Esa riqueza natural también implica vulnerabilidad. Las altas temperaturas la sequía y la expansión urbana aumentan el riesgo de incendios cada año, por eso fortalecer el marco penal no solo tiene un efecto sancionador, sino también cumple una función preventiva, ya que provocar un incendio o permitirlo por omisión no es una falta menor ya que afecta a toda la sociedad”.
Manifiesta que el objetivo final es proteger el patrimonio ambiental del estado, defender la seguridad de las comunidades y garantizar que el desarrollo económico no ocurra a costa de la destrucción del entorno natural.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Primera de Justicia.
