El Pleno del Congreso del Estado aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al titular de la Coordinación Estatal del Organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar en la Entidad, para que, implemente las acciones y estrategias necesarias que aseguren el reembolso de gastos médicos -incluyendo consultas, estudios, medicamentos y hospitalización— a personas sin acceso a seguridad social que, ante la falta de atención en las unidades médicas del OPD IMSS- Bienestar y en las que se tenga convenio con el IMSS Régimen Ordinario para la atención de esta población, se vean obligadas a recurrir a servicios del sector privado para salvaguardar su salud.
La propuesta de Punto de Acuerdo, propuesta por la diputada Frinné Azuara Yarzábal, señala que el acceso a los medicamentos es un tema de gran complejidad que involucra a múltiples actores y factores. Desde la producción y distribución hasta la regulación y el acceso final por parte de los pacientes, cada etapa del proceso está influenciada por diversas políticas, decisiones empresariales y contextos socioeconómicos.
En México, esta complejidad se ha manifestado en diversos problemas de desabasto, afectando especialmente a medicamentos esenciales como los psiquiátricos; las causas del desabasto y las dificultades en el acceso a los medicamentos son diversas y profundas.
Factores como la evolución de las políticas de compra pública, las limitaciones en la cobertura universal de salud, los desafíos legales para la defensa del derecho a la salud y los riesgos inherentes a las contrataciones públicas desempeñan un papel crucial en la configuración de esta problemática.
La fragmentación de los servicios de salud y desabasto de medicamentos se ha evidenciado por la pésima administración y ejecución del sistema de salud del actual gobierno.
Al haberse creado los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR como un organismo público descentralizado de la federación, se ha presentado el problema del desabasto de medicamentos, sobre todo para tratamientos de enfermedades crónicas.
Esto, ocasiona que las personas que los requieren eroguen de sus bolsillos, en muchos de los casos, precarios, gastos para la adquisición de la medicina que requieren, lo que resulta en una inobservancia a lo previsto en el numeral 4º constitucional respecto al derecho humano a la salud.
