La diputada Jessica Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia de la LXIV Legislatura, sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, para abordar diversos temas, e entre ellos, la operatividad del Padrón de Personas Deudoras Alimentarias.
Consideró que este padrón pueda ser de consulta pública, como ocurre en otras entidades federativas, y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que su publicidad, no vulnera derechos humanos, ni resulta inconstitucional.
No obstante, dijo que más allá de hacer público el padrón, es necesario garantizar que este mecanismo cumpla efectivamente con el objetivo de asegurar el derecho de alimentos de niñas, niños y adolescentes, evitando que se convierta en una herramienta ineficaz o contraproducente.
En este sentido, se acordó trabajar de manera conjunta, revisar criterios jurisdiccionales, analizar legislaciones de otros estados y generar una propuesta funcional y acorde a las necesidades actuales.
Además, durante la reunión se revisaron diversos temas legislativos en la implementación de procesos orales en materia civil y familiar, los cuales representan un reto importante no sólo para San Luis Potosí, sino para diversas entidades del país.
En el tema relacionado con los mecanismos alternativos de solución de controversias, se abordó la iniciativa recientemente presentada por la diputada Leticia Vázquez, la cual se informó será analizada a profundidad para construir un dictamen armónico y operativo, tanto para el Poder Judicial como para el Centro encargado de estos mecanismos.
Destacó que resulta fundamental socializar esta legislación entre la población, ya que los mecanismos alternativos permiten resolver conflictos mediante el diálogo, evitando procesos judiciales prolongados y costosos, y fomentando una cultura de paz.
Finalmente, la legisladora agradeció la disposición de la magistrada presidenta para mantener una coordinación permanente, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico estatal y generar herramientas más eficaces en beneficio de las y los potosinos.
