
La diputada Diana Ruelas Gaitán propuso un Punto de Acuerdo para exhortar a los 59 Ayuntamientos del Estado, para que adopten las medidas necesarias que permitan garantizar una atención prioritaria y respetuosa a las personas adultas mayores en todas las dependencias de atención al público.Así, se propone que cuenten con infraestructura adecuada, personal capacitado y procedimientos alternativos que faciliten la realización de sus trámites y servicios de manera a gil, accesible y eficiente, en pleno reconocimiento de sus derechos y necesidades.
También, se busca exhortar a los 59 ayuntamientos del Estado, para que, en un plazo no mayor a dos meses, elaboren y presenten un informe detallado ante el Poder Legislativo, que contenga las acciones emprendidas, programas implementados y resultados obtenidos.
Este ejercicio permitirá al Poder Legislativo dar seguimiento al cumplimiento del exhorto, identificar buenas prácticas replicables, detectar rezagos institucionales, proponer ajustes, y fortalecer políticas públicas orientadas a la protección efectiva de los derechos de las personas mayores en todo el territorio potosino. Señala que garantizar que las personas adultas mayores reciban una atención respetuosa y eficiente no es un favor ni un acto discrecional del gobierno, sino un deber del Estado moderno y democrático que aspira a un futuro de igualdad y justicia social.
Indica que entre las medidas inmediatas que realicen los ayuntamientos para apoyo a las personas adultas mayores, se encuentran: mejorar la infraestructura de atención, asegurando accesibilidad universal: rampas, pasamanos, señalética visible, asientos, ventanillas de atención preferente, espacios amplios y adecuados para atención personalizada. Capacitar al personal municipal, de forma sistemática, en trato digno, perspectiva de derechos humanos, lenguaje respetuoso y atención incluyente; establecer procedimientos alternativos y simplificados, tales como: orientación prioritaria y módulos exclusivos para personas mayores; o asistencia guiada para la realización de trámites; o formatos simplificados y accesibles; o asesoría personalizada; o digitalización con acompañamiento humano; o tiempos de espera razonables y sujetos a supervisión. El Punto de Acuerdo se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis.

